En los últimos tiempos estamos asistiendo a un crecimiento importante de la consultoría de lobby y asuntos públicos. Este auge se explica, por un lado, por la necesidad de ciertos colectivos y grupos de presión de hacer llegar su mensaje al poder legislativo de una manera eficaz; y por otro, al hecho de que en Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de sus Estados miembros, esta actividad ya está normalizada y regulada. En el caso de España ya se están dando los primeros pasos.

Pero antes de nada definamos lobby, asuntos públicos y consultoría de lobby para podernos hacer una imagen más precisa de lo que el fenómeno implica:

¿Qué es un lobby?

Un lobby es un grupo de presión integrado por individuos con capacidad para presionar e influir en las decisiones políticas y económicas de un gobierno o una empresa. Estas asociaciones o grupos de interés, que gozan de una larga tradición en los EE.UU. y ya están muy asentados en la mayoría de países de la UE, trasladan sus inquietudes legítimas a los poderes legislativos y ejecutivos con el fin de producir cambios en sus políticas.

En España la actuación de los grupos de presión en los respectivos parlamentos aún no está del todo regulada, por lo que el ejecutivo ha propuesto crear un registro de lobbies acompañado de un código de buenas prácticas y transparencia. Incluso la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) aboga por este control.

En cuanto al origen del término, la palabra inglesa lobby significa “vestíbulo de un edificio”, aunque más tarde adoptó las connotaciones de grupo de presión destinado a influir en la administración pública.

¿Qué son los Asuntos Públicos?

El concepto de Asuntos Públicos (o Public Affairs) es, a pesar de que a menudo se confundan, más amplio que el de lobby. Según explica la empresa Atrevia, «los asuntos públicos se ocupan de establecer y mantener relaciones con el gobierno, con las administraciones públicas y con la comunidad local». Además, sirven a las organizaciones «de instrumento para construir una sólida reputación e informar al mismo tiempo con transparencia sobre sus proyectos e intereses».

Desde Redondo&Asociados lanzan un mensaje claro a las organizaciones: «Ante un cambio en la legislación, un tema que acapara la atención del público o determinados movimientos sociales, su empresa, gobierno, agrupación u asociación debe tener una estrategia definida para ayudar a las autoridades a tomar decisiones informadas, establecer un diálogo constructivo con los actores sociales y hacer oír su voz. De no ser así, corre el peligro de que los reguladores tomen decisiones que puedan suponer un riesgo para usted».

Así, tanto el lobby como las relaciones institucionales son herramientas que se incluyen en las estrategias de asuntos públicos.

¿Qué es la consultora de lobby y asunto públicos?

La consultoría de lobby, asuntos públicos o relaciones institucionales es una actividad que ofrece servicios basados en la experiencia y el conocimiento. Este trabajo suele llevarlo a cabo un equipo experto en comunicación, marketing estratégico y relaciones públicas e institucionales. Así, cualquier grupo o colectivo que quiera realizar acciones gestionadas estratégicamente para influir de algún modo en la administración pública, puede contar con sus servicios profesionales, que diseñarán una estrategia de conjunto con sus clientes (desde las fases preliminares a los informes de resultados) para alcanzar los objetivos ambicionados satisfactoriamente.

Envuelta en ocasiones de cierta controversia, la acción de los lobbies —siempre y cuando se ejerza de manera transparente y sin coacciones — puede ser necesaria para la democracia al fomentar el diálogo entre lo público y lo privado.

Los lobbies en la Unión Europea

En Bruselas, la capital de la Unión Europea, se calcula que los lobbies tienen influencia sobre un 75% de los europarlamentarios. Miles de empresas, desde tecnológicas a bancos, bufetes de abogados, grupos de interés, colectivos de diferente naturaleza y asociaciones comerciales están allí para influir en las normas y las leyes que conforman el mercado único europeo, fijar acuerdos comerciales, e influir a nivel económico y comercial en una unión de 507 millones de ciudadanos.